El ministro de Educación, Harald
Beyer, no es más que un policía que viste de civil para recibir un sueldo más
alto que el de los que arrojan lacrimógenas contra la expresión del movimiento
social. En una decisión bastante más característica del actuar de las
dictaduras militares, respecto de sus opositores, que de los regímenes
republicanos, el secretario de Estado decidió dar cobertura institucional a la
práctica ilegal de los alcaldes de negar matrícula a los estudiantes que han
participado en tomas o paros. Uno tras otro, los fallos de la Corte de
Apelaciones han anulado tales resoluciones edilicias, estableciendo que son
ilegales y que una autoridad municipal no tiene facultad alguna para conculcar
derechos civiles. Una tras otra, igualmente, las marchas de los jóvenes han
dado muestras de cohesión y contundencia.
Sin embargo, hace unos días el
alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, fue incluso más allá y amenazó con
arrebatar las becas a los escolares que protesten contra la basura de educación
vigente. ¿Creerá este señor que lo suyo es pronunciarse sobre materias
académicas? Matonaje hay en todas partes, pero lo peor del caso es que, esta
vez, sus dichos encontraron eco en el MINEDUC. “Nos parece sensato que un alcalde
que tiene recursos limitados quiera usar esos recursos en los alumnos
comprometidos con la educación”, sostuvo Beyer al respaldar las declaraciones
de Zalaquett (emol.com, 14 de agosto). Entonces, que diga de una vez las cosas
como son: el ministerio no persigue educar; persigue a los estudiantes. Pero la
breve alocución de este personero contiene otras tres afirmaciones
fundamentales. Primero, el hecho de que los recursos sean “limitados” ha sido
decisión de los poderosos, no de los estudiantes, de modo que ese argumento no
sirve para justificar la determinación del alcalde. Segundo, el “usar esos recursos” concede a priori a la
autoridad municipal una prerrogativa que por esencia debiera corresponder a la
cartera de Educación, a nivel central, pues de lo contrario se consagra e
institucionaliza la escasez de recursos para la enseñanza en aquellas comunas
cuyos habitantes -como la mayoría del país- poseen escasa capacidad de pago… y
eso tampoco fue decisión de los estudiantes. Tercero, señala que los estudiantes
“comprometidos con la educación” son aquellos que no participan en las tomas o
en los paros. ¿A qué se referirá con educación? ¿A la grave situación actual en
la materia? ¿A las lapidarias cifras que arrojan todos los estudios? ¿A qué
concepto de compromiso se refiere el ministro? Porque hasta aquí el único
compromiso que asoma en el área es el que tienen las corporaciones de educación
con firmas que lucran y, tal como estableció el informe de la Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados, ese lamentable “compromiso”, que se
llama tener intereses creados, ha involucrado a ministros de Estado con
utilidades de universidades privadas y colegios.
Esas cosas hay que decirlas con
nombres y apellidos. Por ejemplo, tomaron arte y parte de los consorcios de
educación superior el ex ministro de Educación Joaquín Lavín y el actual
secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, respecto de la
Universidad del Desarrollo. Pero el asunto tiene varios años más. La ministra
de Educación de la administración anterior, Mónica Jiménez, también era
sostenedora de colegios. Y eso se llama conflicto de intereses. Fue ella la
que, pactando con el ahora ministro Larroulet, promovió una Ley General de
Educación (LGE) que sacraliza la ley de la oferta y la demanda en el sector.
Este decreto a la medida, sucesor
de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), fue rechazado por
multitudinarias marchas estudiantiles que fueron abordadas por el gobierno de
Michelle Bachelet de la misma forma que bajo la actual administración: la
represión policial fue también la tónica durante la llamada “Revolución
Pingüina”. De hecho, en noviembre de 2006 la entonces Presidenta ingresaba al
Congreso un proyecto de ley para endurecer los cuerpos legales en materia de
orden público. Fiel precursor de la actual “Ley Hinzpeter”, la iniciativa
buscaba, igual que hoy, responsabilizar de los eventuales desmanes a los
convocantes a las manifestaciones.
Convertido en comisaría, el
Ministerio de Educación no se preocupa por distribuir recursos centralmente,
pues la desigualdad que busca ya tiene como promotor al sistema municipalizado,
que condena a los estudiantes a contar con los medios de la comuna en que está
su escuela. Tampoco le interesa que haya más fondos públicos y excelencia en la
educación estatal, pues precisamente el incentivo de esa deficiencia es lo que
hace más rentable el negocio de los privados. Por eso, cuando el rector de la
Universidad de Chile, Víctor Pérez, le dijo a Beyer que estaba “intensificando
el rol del mercado” al financiar los créditos de arancel y no a las
universidades, el ministro no dudó un minuto en salir a defender a los más
pudientes, a los que realmente lo tienen en el cargo. “Si quiere discriminar
entre los estudiantes, que lo diga” (emol.com, 21 de agosto), retrucó un
desesperado ministro que, por supuesto, olvidó que la verdadera discriminación
es la que establece el sistema, que ha dividido la calidad de la enseñanza
según el quintil de ingreso de cada ciudadano. Es que, si los caballeros tienen
mala memoria, estos policías de civil definitivamente padecen amnesia y por eso
andan proponiendo borrar de los programas de historia la palabra dictadura:
para que no nos demos cuenta de que las juntas militares inspiran su estilo de
gestión. Que así sea; las grandes mayorías volveremos a desbancarlos.
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