La adjudicación a favor de la
empresa Soquimich S.A. del primer contrato especial de operación de litio,
CEOL, para explotar 100 mil toneladas de litio por 20 años, priva al Estado y
al país de la posibilidad de mejorar su soberanía e independencia y ocurre al
mismo tiempo que los bochornosos hechos asociados al cierre de La Nación. Una
vez más, la administración de Sebastián Piñera da muestras de gobernar para un
puñado de grandes empresarios.
Es una burla inaceptable. En
primer lugar, porque es el Estado, según la legislación, es el encargado de
explotar el litio. Esta adjudicación usa y abusa de la legalidad por vía
administrativa en vez de haberse dictado una ley como corresponde. En segundo lugar,
porque tanto cuando se privatizó Soquimich como cuando se adjudica este primer
contrato, una vez más hay parientes favorecidos por quienes están en el
gobierno. El primero fue Julio Ponce Lerou, actual Presidente de Soquimich y
yerno de Augusto Pinochet, y el segundo es Patricio de Solminihac Tampier,
director de Soquimich y hermano del actual Ministro de Minería, quien se
inhabilitó de participar de este proceso precisamente por esta relación de
parentesco. Otro conflicto de interés que vive y atraviesa este gobierno siendo
el pan de cada día.
Por último, esta adjudicación no
va a favorecer una política de desarrollo del país ni del litio. Se puede
desprender - por el valor de compra - que Soquimich seguirá haciendo lo que
hasta la fecha hace, lo cual sólo beneficia a sus dueños y no invertirá en
Chile ni en los chile nos y no habrá valor agregado ni industrialización
asociada.
Precisamente advirtiendo lo que
podía ocurrir presentamos hace poco, conjuntamente con diputados de todos los
partidos, tres proyectos de acuerdo en relación al litio. El primero, aprobado
por una abrumadora mayoría de diputados, solicitó al Gobierno cumplir con el
envío de un proyecto de ley para completar el mandato del Art. 5º del Decreto
Ley 2886 en relación al ejercicio de la reserva a favor del Estado en la
explotación del litio. El gobierno tiene treinta días para responder y si no lo
hace, insistiré en que cumpla este trámite. De lo contrario, estos contratos de
operación del litio se ejecutarán sin el marco jurídico adecuado y quedan
abiertos a interpretación de los tribunales.
De igual manera, seguiremos
defendiendo el derecho del Estado a explotar el litio para beneficio de todos
los chile nos, cumpliendo estándares ambientales, exigencias laborales y promoviendo la
incorporación de valor agregado. Insistiremos entonces en votar los proyectos
de acuerdo pendientes sobre el litio y señalo desde ya que en mi criterio, la
Cámara no podrá descartar ninguna medida que sea de su competencia para
favorecer los derechos del Estado y su soberanía.
Pero este no es sólo un problema
legal, sino político. Por eso hago un llamado a la ciudadanía, organizaciones
sociales y a los trabajadores a velar por el interés público y los bienes
comunes que son de beneficio de todos los chile nos y chile nas y defender con
letras bien grandes el litio, frente a la pretensión por parte de este gobierno
de regalarlo a través de la letra chica.
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