1. Recuperar el espíritu original de la ley Nº 13.196 del año 1958 que gravaba con un impuesto del 15% a las empresas mineras privadas que ejercían su explotación en Chile. Las empresas transnacionales del cobre no pagan en nuestro país impuestos por desarrollar su actividad de extracción de recursos naturales no renovables, con las garantías de seguridad que les brinda y garantiza el estado nacional. El actual impuesto o royalty que pagan aquellas mineras privadas que tengan ventas anuales superiores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, fluctúa en forma escalonada, y va desde 0,5% hasta un 5% para aquellas empresas que excedan el valor equivalente a 50.000. toneladas métricas de cobre fino, todo esto con una garantía de invariabilidad tributaria de 12 años. ( Ley Nº 20.026 de junio del 2005.) Esta “regalía minera” es en términos simples, el cobro de un impuesto por parte del Estado por el solo hecho de extraer sus recursos minerales, es una especie de compensación que los particulares deben hacer al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas no renovables contenidas en el subsuelo. Todo indica que el presupuesto en Defensa en nuestro país para los próximos años se mantendrá elevado, en desmedro de las innumerables demandas sociales que aún están pendientes.
El hecho que Chile este entre los tres países Latinoamericanos, que más gasta en armamento, pude ser percibido por nuestros vecinos como un factor de desequilibrio regional, en materia de adquisiciones de material de guerra y sistema de armas. La OCDE en informe del año 2004 “presupuesto en Chile”, destaca las virtudes de la administración financiera del Estado chileno, haciendo una salvedad al calificar como “altamente inapropiado” al régimen presupuestario militar y es sabido que en determinados círculos internacionales se plantee recurrentemente el hecho de que Chile estaría desarrollando una carrera armamentista, en este contexto los demás países de la región estarían también realizando importantes gastos en el mediano y largo plazo.
En los próximos dos años se producirán situaciones de tensión con Perú y Bolivia producto de la interposición de demandas limítrofe ante las cortes internacionales por parte de ambos países, esto generará un clima favorable a la mantención elevada del gasto militar y dado que la ley reservada del cobre será derogada, se va a necesitar obtener esto recursos de alguna parte, y lo más probable que se eche mano al presupuesto nacional. Platearse en esta coyuntura una reducción al gasto en defensa no es lo más aconsejable, las correlaciones están más bien en la dirección opuesta, en consecuencia la alternativa es plantear que los recursos que se necesitan para mantener el gasto, deban obtenerse de una mayor tributación de las empresas de la gran minería privada del cobre, y para los efecto existen antecedentes legislativos como la ley Nº13.196 del 29 de Octubre del año 1958. Dicho en otras palabras, que el mayor gasto militar lo paguen aquellos que se benefician de la estabilidad político institucional del país para el desarrollo seguro de sus actividades que por lo demás le genera importantes ganancias.
2. Establecer una cláusula que bloquee e impida la privatización de CODELCO, Más bien la propuesta es que un porcentaje de los recursos liberados por la derogación de la ley reservada del cobre, que el año 2010 alcanzo la cifra de 1.311 millones de dólares, se oriente a la investigación y prospección de nuevos yacimientos del metal rojo, que garanticen la expansión y puesta en funcionamiento de nuevas divisiones de la estatal minera. La modernización, renovación y adquisición del material bélico destinado a la Defensa es de carácter permanente, por consiguiente el Estado Nacional responsablemente debe contar con los recursos para solventar las necesidades que demande la planificación estratégica de la seguridad y defensa nacional.
3. Recuperar el rol contralor de la sociedad civil en la adquisición y compra de material de guerra para las Fuerzas Armadas, prerrogativa que excluyó al Parlamento de la discusión y toma de decisión el año 1942 con la ley Nº 7144, incorporarle grados crecientes de control, transparencia y posterior fiscalización a dichas transacciones, establecer mecanismos de participación real del Congreso Nacional en el diseño de los objetivos estratégicos de la defensa nacional.
4. El ítem del presupuesto nacional destinado al Defensa debe contemplar un régimen plurianual, en ese esquema el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional planifican a12 años, y las compras se subdividen en cuatro años, y los recursos del presupuesto nacional se aprobarán cada año por el parlamento.
5. La creación de un fondo nacional de contingencias que permita enfrentar emergencias o catástrofe naturales, contar con capacidad de respuesta inmediata para enfrentar con éxito eventuales crisis.
6. Incorporar en la partida presupuestaria un mecanismo de becas de estudios, planes y programas para la incorporación gradual y sostenida a las Escuelas Matrices de las fuerzas armadas, de alumnas y alumnos de escasos recursos y descendientes de pueblos originarios.
7. Una política exterior diseñada para crear lazos de colaboración e integración con los países vecinos y de UNASUR, respecto a temas de migraciones, económicos, ambientales, culturales y otros que propicien un clima de distensión.
Las principales motivaciones para forjar UNASUR, fueron los siguientes objetivos:
a) El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de concertación para forzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional.
b) El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región.
c) La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos.
d) Integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región.
e) El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables.
f) La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales con los Estados Miembros.
g) La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático.
h) El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, logrando así una integración equitativa.
i) La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas.
j) La promoción de la diversidad cultural y las expresiones de la memoria y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades.
k) La participación ciudadana a través de mecanismos de integración y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericanas.
l) La coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado.
m) El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa.
n) La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
ñ) La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.
8. Una política de independencia y de no alineación ante políticas hegemónicas de grandes potencias y de relaciones en igualdad de condiciones.
9. Una política interior tendiente a buscar un reencuentro de los chilenos en un clima de respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales y la consagración de una doctrina militar que destierre para siempre la posibilidad de un golpe de estado en nuestro país.
10. Las futuras crisis y/o hipótesis de conflicto a nivel mundial van a estar dadas por la escasez de agua dulce, consecuentemente con ello planteamos la nacionalización efectiva de los recursos hídricos, en el marco de la soberanía hídrica y el derecho fundamental de todas las personas al acceso efectivo del recurso agua. La planificación de mediano y largo plazo de la Seguridad Nacional debe ordenar y diseñar estrategias de defensa en esa dirección. (Las más importantes reservas naturales de agua dulce están en esta zona del planeta, en la Amazonía y al sur del continente).
11. Incorporar como horizonte estratégico de la Seguridad Nacional, la soberanía energética, en ese sentido las FF.AA deben internalizar este concepto y contribuir a alcanzar este objetivo. Un porcentaje de los recursos liberados de la derogación de la ley reservada del Cobre debe destinarse a la investigación e implementación de nuevos proyectos que contribuyan a la diversificación de la matriz energética con la incorporación de tecnologías limpias y renovables.
