Desde que los gobiernos de la Concertación explicitaron en los '90, a través de la tristemente célebre Ley Brunner, lo que sería su carta de navegación en materia de políticas sobre educación, el proceso privatizador de la misma siguió profundizándose, como se sabe, hacia nuevas esferas. A la progresiva pauperización del vínculo directivo y presupuestario entre el aparato público y la ya municipalizada escolaridad, le siguieron el paso hacia el endeudamiento universitario con la banca privada (Fondo Solidario), la incorporación de un sistema más clasista de selección para la ESUP (de la PAA a la PSU) y la consolidación, vía LGE, del modelo que asocia a la capacidad de pago el derecho a ser sostenedor de un establecimiento y/o proyecto educativo. Con más de una década de puesta en marcha de la Reforma y su doble jornada, las propias cifras oficiales arrojan luces sobre los esquemas introducidos. Mientras el 6% de los escolares chilenos con más recursos no supera el promedio general internacional (TIMSS), 2 de cada 5 niños terminan 4ª básico sin entender lo que leen. Asimismo, entre 1999 y 2006, la brecha entre el 20% de peor y mejor resultado del SIMCE se incremente en 13 puntos en Lenguaje y 16 en Matemáicas. Por cierto, la situación despliega ya su correlato en la formación docente: si sólo el 0,5% de quienes postulan a Pedagogía alcanza los 700 puntos, en primer año de la carrera el 40% no logra extraer conclusiones de un texto simple, situación que no varía sustantivamente al cabo del quinto año de estudios (CSE, 2007).
El sistema, flagrantemente más elitista y excluyente que hace 19 años, exhibe una inversión pública en enseñanza secundaria, como porcentaje del PIB (3,5% en 2008), que representa apenas la cuarta parte del promedio verificado en los países de la OCDE. El panorama lo completa el ámbito laboral del profesorado chileno, que, fuera de los bajos sueldos, cumple 68 horas lectivas anuales más que la media de ese bloque y que sólo puede dedicar el 25% de ellas a la preparació de clases, en circunstancias de que la tendencia internacional es a la paridad. Por ello, resulta particularmente impresentable la nueva estrategia a través de la cual el gobierno y la oposición, con fuerte respaldo propagandístico, está impulsando una nueva fase en el sector. En efecto, y pese a la sostenida radicalización de las brechas, la plataforma mediática inaugurada bajo el nombre de “Educación 2020” parte precisamente sugiriendo pasar por alto “las disputas ideológicas” y avanzar en la aplicación de “medidas evidentes”. Olvidando que la situación es resultado de una de esas ideologías, el programa suscrito por el ingeniero Mario Waissbluth, plantea una seguidilla de iniciativas quirúrgicas que buscan a) corregir desde fuera el déficit en excelencia académica (es decir, sin intervenir en el mercado de la oferta de carreras de Pedagogía) y b) incorporar montos no estructurales al presupuesto, con instrumentos tales como las políticas de incentivo y el aumento exógeno de la subvención por niño en condición marginal. Sus supuestos son francamente falaces; entre ellos, se presume que la relación de profesores por estudiantes quedaría regulada por la declinación tendencial en el número de éstos: pero la declinación ya comenzó (INE) y, al contrario, en apenas 7 años la matrícula de Pedagogía casi se triplicó (291% de 2000 a 2007, según el Mineduc). En defintiva, por ese camino pseudocorrectivo, que pone como sinónimo de “largo plazo” su ejecución en no más de 10 años, tal vez se amortiguaría un poco la indecorosa posición chilena en el ranking mundial, pero el modelo, además de marchar incólume como causa de la desigualdad en la enseñanza, encuentra en este proyecto un nuevo salvavidas, justamente de carácter ideológico. “La propuesta que hacemos es factible, siempre y cuando las distintas fuerzas políticas del país, así como el gremio docente y la sociedad toda, acepten un pacto”, reza su consigna, que junto con legitimar los “importantes acuerdos y recomendaciones” de la Comisión Asesora Presidencial de 2006, tiene el descaro de arrogarse “el apoyo ciudadano que está suscitando esta revolución sobre la calidad y equidad de la educación chilena”. La prueba del respaldo? La recolección de 33 mil firmas por internet, que involucran, supuestamente, a “representantes de todos los colores políticos”. Por supuesto, a la hora de graficar el modelo “exitoso” a seguir, Educación 2020 nos remite, “a modo de ejemplo”, a “dos experiencias en los Estados Unidos”.
Con afiches en la vía pública y sistemáticas columnas en la prensa, se busca generar la idea de que el debate ha sido realmente asimilado por la comunidad. Su demagogia francamente supera lo imaginable: promete igualar en 10 años la calidad de la educación del quintil más pobre con la del quintil más rico. Mientras, en la esfera estricta y palpable de la realidad, una serie de determinaciones prácticas cursan sin que una masa crítica familiarizada con el tema y articulada en torno de organizaciones y fuerzas vivas de la sociedad, oponga mayor resistencia. Porque ya no se trata siquiera de proyectos de ley, sino de un conjunto de cuestiones que operan fácticamente. La Intendencia Metropolitana, por ejemplo, acaba de congelar el anunciado mejoramiento de infraestructura por más de $ 7 mil millones a siete colegios deficitarios, sencillamente invocando la causal de “sobregiro”. Pero la arremetida también viene del lado de las corporaciones de educación superior. La Pontificia Universidad Católica ha inaugurado un sistema de pruebas especiales paralelas a sus postulantes, que este año ya incluye matemática y física, para ofrecer la convalidación de asignaturas y “ahorrarles” a sus clientes al menos un año de estudios en el caso de Ingeniería. En adelante, la modalidad se ampliará a todo el espectro cognoscitivo. En paralelo, otras siete universidades emprendieron un mecanismo de “precaptación” de sus postulantes. Ambos esquemas tienden a restringir o saltarse el papel de la PSU, que, además de elitista, jamás ha sido un mecanismo fiable de predicción del rendimiento académico; pero el tema de fondo es que, por esas vías, tales entidades van modificando unilateralmente las mallas curriculares de los colegios -que ajustan su oferta a la presión del nuevo mercado- y, evidentemente, esa discusión no incorpora ni al Mineduc, ni al Congreso, ni menos al conjunto de la sociedad.
El sistema, flagrantemente más elitista y excluyente que hace 19 años, exhibe una inversión pública en enseñanza secundaria, como porcentaje del PIB (3,5% en 2008), que representa apenas la cuarta parte del promedio verificado en los países de la OCDE. El panorama lo completa el ámbito laboral del profesorado chileno, que, fuera de los bajos sueldos, cumple 68 horas lectivas anuales más que la media de ese bloque y que sólo puede dedicar el 25% de ellas a la preparació de clases, en circunstancias de que la tendencia internacional es a la paridad. Por ello, resulta particularmente impresentable la nueva estrategia a través de la cual el gobierno y la oposición, con fuerte respaldo propagandístico, está impulsando una nueva fase en el sector. En efecto, y pese a la sostenida radicalización de las brechas, la plataforma mediática inaugurada bajo el nombre de “Educación 2020” parte precisamente sugiriendo pasar por alto “las disputas ideológicas” y avanzar en la aplicación de “medidas evidentes”. Olvidando que la situación es resultado de una de esas ideologías, el programa suscrito por el ingeniero Mario Waissbluth, plantea una seguidilla de iniciativas quirúrgicas que buscan a) corregir desde fuera el déficit en excelencia académica (es decir, sin intervenir en el mercado de la oferta de carreras de Pedagogía) y b) incorporar montos no estructurales al presupuesto, con instrumentos tales como las políticas de incentivo y el aumento exógeno de la subvención por niño en condición marginal. Sus supuestos son francamente falaces; entre ellos, se presume que la relación de profesores por estudiantes quedaría regulada por la declinación tendencial en el número de éstos: pero la declinación ya comenzó (INE) y, al contrario, en apenas 7 años la matrícula de Pedagogía casi se triplicó (291% de 2000 a 2007, según el Mineduc). En defintiva, por ese camino pseudocorrectivo, que pone como sinónimo de “largo plazo” su ejecución en no más de 10 años, tal vez se amortiguaría un poco la indecorosa posición chilena en el ranking mundial, pero el modelo, además de marchar incólume como causa de la desigualdad en la enseñanza, encuentra en este proyecto un nuevo salvavidas, justamente de carácter ideológico. “La propuesta que hacemos es factible, siempre y cuando las distintas fuerzas políticas del país, así como el gremio docente y la sociedad toda, acepten un pacto”, reza su consigna, que junto con legitimar los “importantes acuerdos y recomendaciones” de la Comisión Asesora Presidencial de 2006, tiene el descaro de arrogarse “el apoyo ciudadano que está suscitando esta revolución sobre la calidad y equidad de la educación chilena”. La prueba del respaldo? La recolección de 33 mil firmas por internet, que involucran, supuestamente, a “representantes de todos los colores políticos”. Por supuesto, a la hora de graficar el modelo “exitoso” a seguir, Educación 2020 nos remite, “a modo de ejemplo”, a “dos experiencias en los Estados Unidos”.
Con afiches en la vía pública y sistemáticas columnas en la prensa, se busca generar la idea de que el debate ha sido realmente asimilado por la comunidad. Su demagogia francamente supera lo imaginable: promete igualar en 10 años la calidad de la educación del quintil más pobre con la del quintil más rico. Mientras, en la esfera estricta y palpable de la realidad, una serie de determinaciones prácticas cursan sin que una masa crítica familiarizada con el tema y articulada en torno de organizaciones y fuerzas vivas de la sociedad, oponga mayor resistencia. Porque ya no se trata siquiera de proyectos de ley, sino de un conjunto de cuestiones que operan fácticamente. La Intendencia Metropolitana, por ejemplo, acaba de congelar el anunciado mejoramiento de infraestructura por más de $ 7 mil millones a siete colegios deficitarios, sencillamente invocando la causal de “sobregiro”. Pero la arremetida también viene del lado de las corporaciones de educación superior. La Pontificia Universidad Católica ha inaugurado un sistema de pruebas especiales paralelas a sus postulantes, que este año ya incluye matemática y física, para ofrecer la convalidación de asignaturas y “ahorrarles” a sus clientes al menos un año de estudios en el caso de Ingeniería. En adelante, la modalidad se ampliará a todo el espectro cognoscitivo. En paralelo, otras siete universidades emprendieron un mecanismo de “precaptación” de sus postulantes. Ambos esquemas tienden a restringir o saltarse el papel de la PSU, que, además de elitista, jamás ha sido un mecanismo fiable de predicción del rendimiento académico; pero el tema de fondo es que, por esas vías, tales entidades van modificando unilateralmente las mallas curriculares de los colegios -que ajustan su oferta a la presión del nuevo mercado- y, evidentemente, esa discusión no incorpora ni al Mineduc, ni al Congreso, ni menos al conjunto de la sociedad.
