El documento cuenta con firmas de 12 diputados de todos los partidos opositores.
Tras varias semanas de espera, finalmente hoy se formalizó la presentación de la acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, fundamentada principalmente por la violencia y represión policial ocurrida los últimos meses en la Región de Aysen.
El documento, de 37 carillas, está firmado por los diputados Rodrigo González y Cristina Girardi (PPD), Gabriel Ascencio y Gabriel Silber (DC), Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutierrez (PC), Alberto Robles y Marco Espinosa (PRSD), Alfonso de Urresti y Manuel Monsalve (PS), y Sergio Aguiló (MAIZ).
El diputado Rodrigo González, quien fue designado como coordinador de la acusación, aseguró que en Chile “se está aplicando una doctrina y una estrategia permanente de conculcación al derecho de expresión y de reunión, además de una falta de respeto sistemática a los derechos humanos. Este gobierno ha ido, cada vez más, adquiriendo el carácter de autoritario donde las garantías constitucionales y las garantías democráticas no están siendo respetadas.”
En la misma línea González indicó que “sistemáticamente el gobierno se ha negado al diálogo con los movimientos sociales, al tiempo que agrega medidas más represivas, intentando aislar y suprimir y destruir la expresión de los distintos movimientos sociales. La represión se ha ido convirtiendo, cada vez más, en una represión más violenta, aguda y con un abuso sistemático de las fuerzas por parte de los organismos policiales que están obedeciendo una instrucción permanente del ministro del Interior”, afirmó.
Por su parte, el jefe de la bancada comunista, diputado Hugo Gutiérrez indicó que la causal que sustenta esta acusación es “ una infracción a la Constitución que está fundamentada en el artículo 19 número 1 de la Constitución, porque este Ministro ha dado órdenes a carabineros que han vulnerado derechos fundamentales como son la integridad física y psíquica, pues sabemos que numerosos vecinos de Aysén resultaron heridos gravemente y algunos perdieron su visión producto del actuar más allá de ley por parte de funcionarios policiales y en consecuencia, esta causal se da a nuestro entender a plenitud y nos permite destituirlo”, precisó.
“Uno de los deberes y obligaciones que tiene el Ministro es respetar la Constitución y ésta impone a todo agente del Estado y principalmente a él que es quien direcciona la fuerza pública de orden y seguridad que se respeten los derechos esenciales garantizados por ésta a todas las personas, pero como no lo hizo, es sujeto de esta acusación para su destitución”, concluyó Gutiérrez.
Ante los rumores de un quiebre al interior de las distintas bancadas producto de la acusación, o que esta finalmente no fuera presentada, el diputado Sergio Aguiló aseguró que “los máximos dirigentes de los partidos de oposición nos pidieron a las bancadas estudiar con rigurosidad el mérito de la acusación, y nosotros hicimos el trabajo. Luego la oposición ratifica la acusación constitucional unánimemente después de que cada uno de los jefes de bancada se reuniera con sus parlamentarios, señalando posteriormente que hay mérito jurídico y político de forma clara”.
Finalmente para Aguiló, lo que quiere esta acusación es marcar un precedente “van a seguir ocurriendo movimiento pacíficos de ciudadanos, de estudiantes, mañana en Calama, pasado mañana en Arica, luego en Arauco y en otros lugares, y quisiéramos nosotros hacer una contribución, que nunca más el gobierno responda a las demandas ciudadanas pacíficas con la represión y la brutalidad al punto de dejar a personas ciegas, tal como ocurrió en Aysen”
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