Escrito por
Guillermo Teillier del Valle (*)
(11/10/2012) Hablemos claro. Dejemos de lado el histrionismo, las
falacias y las frases mediáticas que ganan titulares pero dejan las ideas de
lado. La inmensa mayoría del país quiere cambiar la Constitución heredada de la
dictadura. No es que los ciudadanos se hayan puesto a fumar cualquier cosa. Es
que la actual institucionalidad ampara, legitima y legaliza la inequidad
social, económica, electoral, cultural, educacional y de los pueblos
originarios.
La actual letra constitucional produce amarres con altos quórum que no
permiten que se pueda avanzar en reformas sustanciales para el desarrollo y
progreso real del país. De eso viene abusando la derecha hace más de 20 años.
Hay derechos ciudadanos tácitamente conculcados y se impide, por ejemplo,
la regulación y el control del sistema financiero, de las trasnacionales y de
los recursos naturales del país, beneficiando a una minoría, incluso
extranjera, con recursos de todas y todos los chilenos.
No es posible que el Estado no pueda tener empresas ni desarrollar
proyectos en ese ámbito dejando cancha libre a los privados que, por lo demás,
han demostrado que cometen trampas como fue el caso de la colusión de las farmacias,
el fraude de La Polar a millones de personas, entre otras situaciones.
Que la actual Constitución imponga el sistema electoral binominal y no
proporcional, es una afectación institucional a la representatividad ciudadana.
Que no contemple la consulta popular a través de plebiscitos, es una falencia
descomunal. Que se limite la elección de representantes sociales y sindicales
en el Parlamento, y peor aun que no voten los chilenos en el exterior, es una
insana situación. No se puede pasar por alto un hecho de trascendencia ética e
histórica que lastima la conciencia ciudadana y el espíritu democrático del
país.
La actual Carta Magna tuvo origen ilegítimo, en un plebiscito amañado por
la dictadura, sin registro electoral, sin partidos u organizaciones sociales de
oposición legales, sin discusión ni consulta a la sociedad, excluyendo a
intelectuales y juristas democráticos y progresistas. Las actuales
disposiciones constitucionales fueron elaboradas por conspicuos colaboradores
de la dictadura y de la élite de la derecha.
Es cierto que se realizaron modificaciones positivas a parte de la
Constitución que hoy permiten tener un marco menos deplorable. Pero lo
sustancial del texto está sin modificar.
Este tema no se puede minimizar, singularizar, estigmatizar, ni se puede
manejar con posturas reduccionistas. Juristas, historiadores,
constitucionalistas, parlamentarios, intelectuales, dirigentes sociales y
sindicales, han expresado en sendos y consistentes estudios, documentos y
declaraciones la necesidad de que Chile cuente con una nueva Carta Magna.
No sólo se trata de dejar atrás un texto anómalo desde el punto de vista
democrático y ciudadano, sino de construir un marco constitucional apropiado al
siglo que vivimos, dando cuenta de las realidades contemporáneas, de las
demandas sociales y ciudadanas, de la protección de recursos naturales y el
medio ambiente, de un desarrollo económico que apunte a la justicia social, de
respeto y promoción a la soberanía popular, que dé cuenta de una democracia
moderna y real, donde derechos civiles, sociales, humanos, económicos y
culturales estén garantizados.
Nunca en la historia de Chile la Constitución ha sido el resultado de la
consulta, la participación y la decisión del pueblo. Por variadas razones, la
decisión quedó en manos de una minoría. Esto no puede volver a ocurrir, aunque
a algunos les parezca un imposible. De imposibles está plagado el camino de
proyectos que hacen historia y definen a un país.
Por ello es trascendental la amplia exigencia ciudadana de una Asamblea
Constituyente con participación del conjunto de actores de la sociedad. Ello es
fundamental.
Si existiera otro camino para avanzar a la concreción de la nueva
Constitución, estoy dispuesto a discutirlo, pero estimo que es esencial
contemplar y garantizar la consulta y participación de la ciudadanía.
Cómo cambiar la Constitución es un tema central para mejorar la salud de la
institucionalidad del país, tiene que estar integrado en cualquier programa
progresista y democrático, en cualquier nivel y en todo espacio.
Es así de concreto. Chile está ante el desafío de plantearse una nueva
Carta Magna y ello requiere de una respuesta.
(*) Diputado por el Distrito N° 46, Presidente del
Partido Comunista
Fuente: Radio Cooperativa
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